El Ejecutivo analiza con las autonomías el cambio legal para garantizar la atención a los inmigrantes irregulares

La sanidad pública atenderá a todos los residentes en España por su condición de ciudadanos, no de asegurados que se han ganado la atención médica por cotizar a la Seguridad Social. Este es uno de los cambios fundamentales que prevé introducir el Ministerio de Sanidad en el real decreto por el que devolverá la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, según la documentación enviada por el departamento de la ministra Carmen Montón a las comunidades autónomas y a la que ha tenido acceso

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, en el pleno del Congreso, este martes. En vídeo, declaraciones de Montón sobre la vuelta a la sanidad universal del 19 de julio. FOTO: Jaime Villanueva | VÍDEO: EFE

La sanidad pública atenderá a todos los residentes en España por su condición de ciudadanos, no de asegurados que se han ganado la atención médica por cotizar a la Seguridad Social. Este es uno de los cambios fundamentales que prevé introducir el Ministerio de Sanidad en el real decreto por el que devolverá la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, según la documentación enviada por el departamento de la ministra Carmen Montón a las comunidades autónomas y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

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La ministra y los consejeros regionales de sanidad se reunirán este jueves con un único punto en el orden del día: analizar las líneas básicas del futuro real decreto ley sobre el acceso universal al sistema nacional de salud. La propuesta elaborada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone volver en esencia a la situación que había antes de que Mariano Rajoy llegara al Gobierno y excluyera del sistema público de salud a los inmigrantes irregulares con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias.

El real decreto que aprobó en abril de 2012 el Gobierno de Rajoy establecía que para tener derecho a la sanidad pública había que estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para los inmigrantes irregulares, que no tienen acceso a un permiso de trabajo. Pero esa condición dejaba fuera, además, a españoles que no cotizan (como miembros de congregaciones religiosas o rentistas) por lo que el Ejecutivo rebajó los requisitos y garantizó la atención a los residentes legales (españoles o extranjeros) que no cotizaran pero tuvieran ingresos inferiores a 100.000 euros al año. La norma que prepara ahora el Gobierno garantiza la cobertura sanitaria a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio español.

Para ello, según el documento enviado a las comunidades, se modificará “el concepto de asegurado y beneficiario asociándolo al concepto de ciudadanía”. Con la nueva norma, las personas aseguradas serán aquellas que cumplan uno de los dos siguientes requisitos: que tengan nacionalidad española y residan en el territorio español; o que sean extranjeras y tengan la condición de residente en el territorio español. Los inmigrantes sin permiso de residencia también quedarían amparados, porque el documento establece que se recuperará el derecho a la protección de la salud y asistencia sanitaria a las personas extranjeras no autorizadas ni registradas, “en las mismas condiciones que una persona con nacionalidad española”. Los extranjeros en situación irregular tendrán derecho, según el documento, a que se les sufrague el 60% del coste de los medicamentos que les recete el médico en España, como la población activa española con rentas inferiores a 18.000 euros.

Según explicó en su momento el Gobierno de Rajoy, uno de los objetivos de aquel real decreto era acabar con una supuesta situación de “picaresca” según la cual muchos extranjeros comunitarios viajaban a España para recibir asistencia médica gratis, el llamado turismo sanitario. Para restringir esta posibilidad, la norma que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez considerará residentes a las personas que puedan acreditar que llevan más de 90 días en España, pero si un ciudadano lleva menos tiempo se establecerá un procedimiento especial que incluya un informe social, con lo que se pretende garantizar la cobertura en los casos de los inmigrantes irregulares.