En el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), publicado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Guatemala carece de información de la población que se beneficia con al menos una prestación social.

Pero, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2-2017), tres de cada diez personas trabajan en el sector formal, y de estas dos están afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con la OIT, Guatemala está entre los países de ingresos medios altos, en donde el gasto público (excluida la salud) en protección social destinado a las personas en edad de trabajar es el 1.7 por ciento del PIB, mientras que Argentina es el 5.1 por ciento.

A nivel de la región centroamericana, Costa Rica presenta el porcentaje más elevado con 3.4 por ciento del PIB y El Salvador estaría por debajo de Guatemala con el 1.3 por ciento.

Guatemala carece de un régimen de seguro de desempleo y otros programas obligatorios de apoyo a los ingresos. Según la OIT, aunque al quedar desempleados, los trabajadores perciben un pago por terminación del servicio, este no puede considerase como un instrumento eficaz para proporcionar la protección suficiente.

Adolfo Lacs, director de la Junta Directiva del IGSS y líder sindical, refirió que en los convenios sobre seguridad social hay nueve puntos que se deben cumplir, y Guatemala incumple con la pensión de desempleo, porque para ello se requiere de un aporte adicional.

 Respecto al gasto público en protección social en relación con las pensiones y otras prestaciones (excluida la salud) para las personas que superan la edad legal de jubilación, por nivel de ingresos, es el 1.2 por ciento.

En Guatemala, solo el 19.7 por ciento de la fuerza de trabajo cotiza o es contribuyente activo a un plan de pensiones. En el país hay autorizados 18 planes complementarios al seguro social.

Grupos vulnerables

La cobertura efectiva de las prestaciones monetarias de maternidad, Guatemala y Paraguay están en los extremos de exclusión, ya que cubren solamente al 15 por ciento. Mientras que el porcentaje de la población guatemalteca que supera la edad legal de jubilación y percibe una pensión de vejez es de 8.3 por ciento.

Lacs comentó que algunos sectores han solicitado ampliar el programa de protección social no contributivo del adulto mayor a Q900 millones, para cubrir a personas pobres que no tuvieron oportunidad de contribuir a una pensión.

Gabriel Aguilera, viceministro de Trabajo, explicó que este programa fue creado con un techo presupuestario de Q500 millones, y beneficia a más de 103 mil personas, pero mientras no se cambie la ley no se puede aumentar la cobertura.

Agregó que para alcanzar mayor asistencia social, se requiere pasar a más trabajadores a la formalidad, y que el Ministerio de Trabajo hace algunas acciones, pero es un esfuerzo interinstitucional, que requiere un proceso de mediano y largo plazo para mejorar esos índices.

Brechas

Las mujeres guatemaltecas tienen menor nivel de cobertura de pensiones que los hombres, ya que la proporción es de 15 por ciento y 22.7 por ciento, respectivamente, según el informe Panorama Social de América Latina 2017 de la CEPAL. La proporción de personas que reciben pensiones contributivas en la edad legal de jubilación registran una brecha de 25.9 por ciento en el país. Esto es entre montos de prestaciones de hombres y mujeres.

1.7%

del gasto público es lo que destina Guatemala para la protección social laboral.