Ante la falta de una solución estable al déficit del sistema de pensiones, las Cuentas de este año tienen que volver a prestar dinero a la Seguridad Social. Serán unos 15.000 millones, apuntan fuentes de Trabajo, a través de un préstamo de la Administración central como podrá verse en el proyecto de presupuestos que la titular de Hacienda, María Jesús Montero y su equipo presentan por la mañana en el Congreso.

Desde el año 2011, la Seguridad Social tiene un déficit creciente que se resolvió empleando lo ahorrado en la hucha de las pensiones en los años de bonanza. Pero esa opción dejó de ser posible en 2017 por dos motivos: apenas había dinero para cubrir siquiera el déficit de ese año y el Gobierno de entonces no quería asumir el coste político de agotar la hucha de las pensiones. Tampoco la titular de Trabajo actual, Magdalena Valerio, quiere cargar con ese desgaste, aunque también ha empleado algo el Fondo de Reserva. Ahora quedan unos 5.000 millones, que no llega ni para el coste de una nómina mensual de pensiones. “No me gustaría pasar a la historia como la ministra que agotó la hucha”, admitió Valerio en noviembre pasado.

Como las pensiones hay que pagarlas, el Gobierno de Rajoy buscó una solución provisional —a la espera de la reforma que solvente el problema— que consistió en transferir fondos a través de un préstamo (10.192 millones) y usar menos dinero del Fondo. Pero como la reforma no llega porque sigue abierta la negociación en el Pacto de Toledo, el año pasado el préstamo creció hasta los 15.164 millones, en dos créditos.

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En 2019, la solución definitiva sigue sin estar lista y el Gobierno, esta vez con Pedro Sánchez al frente, ha optado por continuar con la solución de los préstamos. Esta opción no gusta nada al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ni a organismos como la Autoridad Fiscal (Airef), que pide que se anote directamente el déficit de la Seguridad Social en la cuenta de la Administración central y se cierre el agujero con transferencias y no con créditos. Defiende la Airef que así se evita la incertidumbre que noticias como esta generan en los ciudadanos.

Propuesta de reforma

Esta propuesta le gusta al Ministerio de Trabajo, que también comparte varias de las medidas que propone el organismo que dirige José Luis Escrivá para lograr 17.400 millones (financiación con impuestos de todos los incentivos a la contratación, de los subsidios no contributivos contra el paro, de prestaciones de paternidad y maternidad o de los gastos de gestión de la Seguridad Social).

Pero antes de llegar a desarrollar estas u otras medidas que resuelvan el déficit de las pensiones, el Pacto de Toledo debe cerrar sus recomendaciones de una vez. Después de tres años negociando, parece que este año se cerrarán. Los portavoces políticos más optimistas hablan de este mismo mes; los más pesimistas, de este trimestre.

Al mismo tiempo, Trabajo pretende intensificar sus negociaciones con los agentes sociales sobre esta base de mayor consenso técnico y político. De esas conversaciones debería salir, en su variable menos ambiciosa, un proyecto de reforma de la Seguridad Social que acabe con los préstamos antes de que comiencen a jubilarse los trabajadores de la generación del baby boom, en 2022 ó 2023.