a ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad ha entrado en vigor este lunes, 1 de abril, y es efectiva para todos los nacimientos que se han producido desde esta fecha, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación aprobado por el Gobierno recientemente.

De este modo, los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018. Las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre

egún el Análisis de Impacto Normativo sobre el real decreto ley, la ampliación del permiso a ocho semanas en 2019 supondrán un aumento de 226 millones del gasto para el Estado, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.

Tal y como establece en el texto, el permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.

Ayudas para las familias en situación de pobreza

Las familias en situación de pobreza recibirán hasta 588 euros por hijo a cargo desde este lunes 1 de abril. En concreto, el Gobierno incrementa la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros (28 euros al mes) en el caso de familias en situación de pobreza (aquellas cuya renta es inferior al 50 por ciento de la renta considerada como umbral de la pobreza); y hasta los 588 euros (49 euros al mes) para las familias en situación de pobreza severa (cuando la renta anual es inferior al 25 por ciento del umbral de la pobreza).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 el 31 por ciento de los menores de 16 años en España se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), un total de dos millones de niños y niñas. Además, 630.000 niños en España viven en hogares en situación de pobreza severa, con rentas inferiores al 25 por ciento de la mediana de ingresos equivalentes. Estarían en esta situación los hogares formados por dos adultos y dos niños que ingresan menos de 7.000 euros al año o lo que es lo mismo, menos de 600 euros al mes.

El Gobierno calcula que con los 588 euros podría sacar de esta situación de pobreza severa a unos 82.000 niños, es decir, al 11,7 %, tal y como explicó el Alto Comisionado, Pau Marí-Klose, en una rueda de prensa para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente fueron tumbados por el Congreso.

Bonificaciones a la contratación de parados de larga duración

Las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración y a la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos que aprobó el Gobierno por decreto el pasado 8 de marzo también entran en vigor este lunes, 1 de abril.

En el caso de los parados de larga duración, se bonificará la cotización empresarial con 1.300 euros anuales durante tres años a las empresas que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo (SEPE) al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.

La bonificación será de 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Con este plus para las mujeres se busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres. La otra bonificación contenida en el decreto ley que aprobó el Gobierno en marzo va dirigida a aquellas empresas que transformen, antes del 1 de enero de 2020, los contratos de duración temporal suscritos con trabajadores por cuenta ajena del sistema especial agrario en contratos de duración indefinida, incluidos los fijos-discontinuos.