La protección social de la infancia debería ser una prioridad mundial; sin embargo, el gasto promedio de los países para tales fines, sin contar la salud, apenas equivale el 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), alertó Naciones Unidas.

Aunque las cuantías en relación con el PIB muestran notables diferencias entre estados y regiones, el saldo general denota la vulnerabilidad de millones de infantes, tanto en naciones ricas como pobres.

Europa, Asia central y Oceanía, emplean más del dos por ciento del PIB en prestaciones por hijo, pero los índices de gasto continúan muy por debajo del uno por ciento en numerosos territorios, indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para el caso de África, los estados árabes, Asia meridional y sudoriental, la entidad señaló que el indicador resulta inferior al 0,7 por ciento del PIB; aunque la proporción de niños es mayor.

A juicio de la OIT, los niveles de gasto en África subsahariana ‘parecen especialmente bajos’ si se tiene en cuenta que los menores entre cero y 14 años de edad representan allí el 43 por ciento del total de habitantes.

El fenómeno tiende a crecer en distintas partes del orbe; de tal forma, solo el 35 por ciento de los niños disfruta hoy de acceso efectivo a la protección social, en tanto, casi dos terceras partes (unos mil 300 millones) adolecen de cobertura.

Cálculos de la OIT, con datos de 139 estados, corroboraron también que existen notables disparidades entre las regiones: Europa y Asia central alcanzan un 87 por ciento de cobertura, las Américas llegan a 66 por ciento, Asia registra un 28 por ciento y África apenas un 16 por ciento.

Como media, precisó la fuente, el gasto en prestaciones familiares y por hijos de entre cero y 14 años de edad representa el 1,1 por ciento del PIB, lo cual indica un déficit notable de inversión en la infancia.

Ello, advirtió el estudio, ‘no solo afecta al bienestar general y el desarrollo a largo plazo de los niños, sino también al futuro desarrollo económico y social del país en el que viven’.

En décadas recientes hubo avances en cuanto a la extensión de las transferencias monetarias y algunas naciones lograron la protección social universal para los menores; pero esos progresos están en riesgo por la implementación de políticas de austeridad o consolidación fiscal.

A cuenta de los recortes, no pocos estados redujeron las partidas y las focalizaron de manera exclusiva en los más pobres, suprimiendo los beneficios a muchos niños en situación de vulnerabilidad.

‘En vez de austeridad, recomendó Naciones Unidas, se requiere aumentar las medidas que permitan atender adecuadamente las necesidades de las familias y los hijos, extendiendo la cobertura y las prestaciones de protección social.’

Las políticas de consolidación fiscal ‘han puesto en peligro avances de largo alcance hacia la efectividad del derecho humano a la seguridad social y de otros derechos humanos’, consideró el director general de la OIT, Guy Ryder.

Según recordó el ‘Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019’, el tema en análisis constituye una de las cuestiones esenciales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional.

Pese al compromiso suscrito, reveló el texto, el 71 por ciento de la población mundial carece de acceso a un sistema integral de protección social o solo goza de beneficio parcial; es decir, para millones de individuos ese derecho sigue sin materializarse.

En opinión del titular de la OIT, ‘promover la protección social es apremiante en esta época. Las medidas en esta esfera, aseveró, no solo respaldan la efectividad del derecho humano a la seguridad social, sino que además son una necesidad económica y social’.

Los sistemas de protección social bien diseñados, estimó el funcionario, contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad, al tiempo que fortalecen la cohesión social y la estabilidad política.

Al decir de Ryder, iniciativas puestas en práctica por estados de ingresos bajos y medianos en África, Asia, América Latina y el Caribe destacan el importante papel de la protección social para el crecimiento económico inclusivo.

Tanto la OIT como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sustentan que las transferencias destinadas a las familias y los hijos, monetarias o en especie, son decisivas para hacer efectivos los derechos del niño.

Resultan vitales pues evitan la pobreza, previenen la mortalidad, propician la salud y el bienestar, mejoran el acceso a bienes y servicios esenciales, y reducen el trabajo infantil, argumentaron ambas agencias.

Todavía fallecen cada año al menos 5,9 millones de menores antes de cumplir los cinco años de edad, la mayoría por causas evitables. Por ejemplo, casi el 50 por ciento de las muertes son atribuibles a la malnutrición, indicó Unicef.

Debido al déficit nutricional, 155 millones, en igual rango etario, muestran retraso en el crecimiento e inician sus vidas con notables desventajas, señaló en 2017 un diagnóstico de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Otra confirmación alarmante de la iniquidad es el hecho de que sean niños casi la mitad de las 900 millones de personas en pobreza extrema a escala global.

La precariedad, evaluó Naciones Unidas, ‘es pluridimensional, y las privaciones suelen reforzarse entre sí; es frecuente la superposición de factores como la mala salud, la malnutrición, el estrés, el bajo rendimiento escolar, la violencia, el maltrato, el abandono, la falta de cuidados y de vivienda digna, de saneamiento y de agua limpia’.

A ello se unen las escasas posibilidades de escolarización, el trabajo infantil, y las faenas pesadas sin remuneración tanto en la esfera doméstica como de los cuidados.

Si bien las cifras ayudan a entender el problema, la cuantificación de la pobreza en términos monetarios, expuso la OIT, ‘no refleja a fondo todo el panorama del sinnúmero de privaciones que pueden padecer los niños, incluso si su nivel de vida supera un determinado umbral económico’.

De acuerdo con análisis de Unicef, el flagelo de la miseria también tiende a crecer en naciones de ingresos altos: el 21,1 por ciento de los niños de la Unión Europea, ilustró la institución, corre riesgo de pobreza, frente al 16,3 por ciento de los adultos.

Desde la crisis económica y financiera de 2008-2009, la pobreza infantil aumentó en varios territorios europeos, entre ellos Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, puntualizó la agencia.

Las medidas de protección social representan en opinión de la OIT ‘una herramienta poderosa’ para dar alivio inmediato a los niños pobres y sus familias. No obstante, una cuestión fundamental es si los programas deben limitarse a las familias en estado precario o si deberían ser universales, invitó a pensar el organismo.

Los efectos sobre la población y sobre la pobreza, defendió el texto, ‘son sustancialmente mayores si las prestaciones son universales, pues es frecuente que los programas específicos cometan errores de inclusión y de exclusión’.

Es poco probable, resumió el informe de la OIT, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la infancia puedan conseguirse si no se aumentan los recursos invertidos en su protección social.