En los últimos 20 años, en la región de América Latina y el Caribe aumentó el número de programas de protección social no contributiva, mejor conocida como asistencia social. Entre estos proyectos destacan los de inclusión laboral y productiva como Jóvenes Construyendo el Futuro y el de pensiones sociales, aplicado por el gobierno federal para adultos mayores y personas con discapacidad. 

Pero los programas sociales no siempre ayudan a superar la pobreza y en ocasiones generan un daño a la capacidad de crecimiento económico y a la productividad del país, principalmente en aquellos cuyo apoyo es monetario, reconoce un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Aunque existen antecedentes de los años 70 y 80, no fue sino hasta los 90 cuando comenzaron un ascenso para ofrecer capacitación y formación laboral, nivelación de estudios o generación de empleos, según el estudio Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral. 

El doble reto de los programas sociales, reconoce la Cepal, es garantizar simultáneamente el acceso universal a servicios sociales de calidad y la infraestructura básica, además de la participación de las personas con trabajo remunerado en condiciones dignas, acceso a la protección social y niveles de ingreso que les permitan salir de la pobreza. 

El reto para el presidente Andrés Manuel López Obrador reside en que sus estrategias para superar la pobreza se puedan extender durante el ciclo de vida del beneficiario y que se complementen con estrategias de promoción de trabajo decente y de desarrollo productivo.

Otro reto para la actual administración será la comprobación de los resultados alcanzados, ya que “se están replicando esquemas que ya sabemos que no tienen los mejores resultados” y no se cuenta con una metodología que pueda medir el alcance y los resultados, alerta Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Un incentivo perverso

De acuerdo con el estudio de la Cepal, de cuatro categorías de ingresos —extremadamente pobres, pobres no extremos, vulnerables a la pobreza y el resto— en las dos primeras condiciones, entre 60.6% y 69.2%, tiene un trabajo.

En México, las mujeres dedican más de 48 horas a la semana a trabajos no remunerados, especialmente cuando tienen hijos menores que no alcanzan la edad escolar, a diferencia de aquellas madres con hijos mayores de cinco años que sólo dedican 22 horas a la semana a este tipo de actividades sin paga. 

Pero que estos dos sectores ocupen un espacio laboral no significa que puedan dejar atrás la pobreza y la pobreza extrema, pues generalmente ocupan puestos de menor calidad y con altos déficits en la protección y seguridad social. 

Algunas de estas personas logran ocupar hasta dos empleos diferentes o uno mismo con dos turnos, aunque lo que no los beneficia es que ingresan a sectores de baja productividad en condiciones inseguras, sin respeto a derechos básicos y con un salario mínimo. 

Algunos sectores académicos y políticos plantean que estas transferencias monetarias para la protección social pueden convertirse en un incentivo perverso, en un desincentivo a que las personas busquen trabajo dado las prestaciones gratuitas que les otorga el gobierno.

Este mismo apoyo puede convertirse, según el estudio de la Cepal, en un incentivo para la informalidad. Es decir, que los beneficiarios utilicen los recursos para utilizar el recurso sin realizar un trabajo.

“(Esto) promovería un círculo vicioso en la relación con el empleo y derivaría en un daño a la capacidad de crecimiento económico, la productividad y los niveles de participación laboral en el país”, detalla el estudio.

Esto se explica porque, al tener un ingreso asegurado, no tendrán prisa en conseguir un trabajo. Aunque el estudio revela que no es la “flojera” una causante voluntaria de la pobreza de las personas, porque pese a ser destinatarios de los apoyos, éstos no cubren la falta de ingresos, por lo que las familias dependen aún de su propio esfuerzo para salir de esa condición. 

Lo que sí está comprobado, de acuerdo a estudios, asegura Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del CIEP, es que existen las condiciones en las que los beneficiarios pueden tergiversar los programas, dado que el gobierno no cuenta con alguna metodología que mida el impacto de sus apoyos.

Ninis, con doctorados y labores informales 

López Obrador impulsó como uno de los programas insignia de su gobierno el de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el que se otorga una beca de tres mil 600 pesos mensuales a los beneficiarios. 

Hasta el martes pasado, el programa acumulaba 779 mil 872 jóvenes de entre 18 y 29 años inscritos. Al menos 57.7% de beneficiarios son mujeres, mientras que 42.3% son hombres. 

Desde el 1 de diciembre, el mandatario dio a conocer este apoyo para los ninis, que definió como jóvenes que no tuvieron la posibilidad de continuar sus estudios, pero que tampoco cuentan con las herramientas para ser contratados en un trabajo.

Pero es necesario definir a quién se refiere el gobierno federal con ninis, pues al menos 140 mil de los beneficiarios cuentan con una licenciatura y más de dos mil han terminado un posgrado.

La directora de investigación del CIEP acepta que es primordial una legislación en materia de educación y de acuerdo al mercado laboral para que en este programa se designen labores o aprendizajes, de acuerdo a los gustos y necesidades de los beneficiarios.

“Los jóvenes entran a las empresas que están dadas de alta, por ejemplo una de reciclaje, pero a ellos no les interesa aprender a reciclar, pero permanecerán por el apoyo económico”, afirma Macías Sánchez.