Un informe presentado por un especialista de Naciones Unidas advierte que las reformas laborales que limitan derechos de los trabajadores en escenarios de restricción económica suelen ser ineficaces para generar empleo, contribuyen a una mayor desigualdad y pueden atentar contra el crecimiento de la actividad. Además, sus efectos suelen ser más perjudiciales en las mujeres.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS — “Las crisis económicas y financieras no suelen ser el resultado de una regulación excesiva del trabajo, por lo que la desregulación laboral no ayudará a superarlas. La austeridad en el ámbito laboral no parece funcionar como una herramienta adecuada para superar tales crisis”, afirmó Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de las Naciones Unidas, durante una charla organizada por la Fundación Friedrich Ebert a principios de noviembre, en la que se debatieron los resultados de un informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El trabajo analiza el impacto de los programas de ajuste estructural “para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales”, que se han llevado a cabo en más de 130 países durante las últimas décadas (en particular, las de 1990 y 2000). Así, a través de la evidencia empírica, este doctor en Derecho que se ha especializado en tópicos como el endeudamiento externo de los países, buscó demostrar que las reformas de ajuste económico que debilitan las legislaciones laborales no ayudan a salir de los escenarios de crisis —como suele creerse—, sino que, por el contrario, aumentan las desigualdades.

“Las conclusiones de la OCDE y de otros organismos expertos, que indican que la desregulación de la legislación laboral aumenta el crecimiento y la tasa de empleo, han sido fuertemente cuestionadas por investigaciones más recientes, mientras que un número cada vez mayor de estudios apuntan a los efectos positivos de las normas laborales en aspectos como la productividad y la innovación”, subrayó Bohoslavsky durante el encuentro, que contó con la participación de especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Los aportes que puede ofrecer este análisis se vuelven particularmente relevantes frente al próximo debate en la Cámara de Senadores alrededor de la cuestionada reforma laboral propuesta por el Gobierno, que, entre otras cosas, ofrece facilidades a los empresarios para blanquear trabajadores en negro y promueve modificaciones en el cobro de horas extras y el pago de indemnizaciones. Reforma que, además, ha sido planteada junto con otra previsional y otra tributaria.

En América Latina, las reformas por las que se desreguló la legislación laboral individual y colectiva en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Uruguay en los años 80 y 90, “no llevaron a una reducción ni del empleo informal ni de la inestabilidad del empleo, que, de hecho, aumentaron durante ese período”, dijo Bohoslavsky. Y agregó que, en varios países de la región, el debilitamiento de la legislación de protección del empleo habría acentuado la precariedad de trabajo.

“La experiencia argentina puede mostrar que no es precarizando derechos laborales como se sale de las crisis económicas y financieras. En todo caso, se saldrá con más y mejores derechos”, coincidió Diego Zang, del Departamento de Legales de la Red Social de UOCRA, que estuvo presente durante el encuentro, y destacó la importancia del diálogo “como herramienta principal y primordial para salir de la crisis: un diálogo de tres patas en el que participan el Estado, los trabajadores a través de los sindicatos y el sector empresarial, pero no se trata de seducir a un sector en pos de obtener algo, sino de una negociación en la que el Estado tiene un rol primordial”.

El documento presentado por Bohoslavsky también da cuenta de que “los países de la Unión Europea que resistieron relativamente mejor a la crisis de 2007/2011 fueron aquellos que contaban con mercados laborales menos flexibles”, y mencionó diversos estudios, entre ellos uno desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las reformas del mercado laboral adoptadas en el contexto de la reciente crisis económica, según el cual no hay un vínculo claro entre legislación de protección del empleo e índices de empleo.

“De forma más general, la experiencia en diferentes períodos de ajuste económico sugiere que la reducción de los ingresos de grandes sectores de la población, causada por reformas de flexibilización laboral, conlleva el riesgo de una contracción de la demanda, lo que puede agravar una crisis”, dijo el especialista.

Género y derechos humanos

Según el informe, las mujeres pueden resultar más perjudicadas en contextos de ajuste. Por ejemplo, el documento advierte que los despidos en el sector público y la privatización de empresas suelen afectar al empleo femenino “en forma desproporcionada”, y que el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo durante las crisis económicas por lo general solo concierne al sector informal. En el caso de México, durante la aplicación del programa de ajuste estructural se observó que el salario medio de las mujeres disminuyó en mayor medida que el de los hombres.

“Al mismo tiempo, según un estudio sobre desigualdad de género en Irlanda, Italia y Portugal, se observó una tendencia a la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en lo relativo al desempleo, a medida que los sectores económicos con una mano de obra predominantemente masculina, como el de la construcción, resultaban más afectados por la crisis económica. Sin embargo, conforme se va reduciendo el sector público en esos países, las mujeres, que predominan en ese sector tienen mayores posibilidades de sufrir las consecuencias. Además, los recortes en los servicios de cuidado de los niños y educación previstos por las medidas de austeridad pueden dificultar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo”, detalla el documento.

El informe le dedica especial atención a los derechos humanos y sugiere que sean tenidos en cuenta a la hora de debatir posibles reformas y medidas de ajuste. “Los derechos humanos y laborales tienen una importante función económica, son estabilizadores automáticos en tiempos de crisis. Favorecen el consumo, la producción y la confianza de inversionistas, generando un círculo virtuoso económico”, coincidió Christoph Ernst, especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT, durante el encuentro.

Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, advirtió que “debilitar los mecanismos de protección de los trabajadores puede significar una cuestión de derechos humanos”. Para graficarlo, se refirió al hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de sindicatos y la estigmatización y persecución de los jueces del foro laboral y de abogados ligados con la defensa de los trabajadores, sin dejar de mencionar que esta situación se está produciendo en un contexto local y regional de regresión económica, en el que Brasil, principal socio de la Argentina en el Mercosur, también está implementando una reforma laboral que debilita los derechos de los trabajadores en ese país.

“Para atender todas las necesidades de los trabajadores, incluidas las de los desempleados, los Estados deberían adoptar un programa exhaustivo de seguridad social y, pese a las restricciones fiscales, deberían asegurar el presupuesto necesario para estos fines. Cada vez hay más indicios de que estas estrategias no solo desempeñan una función clave en la protección de los trabajadores, sino que además proporcionan una recuperación económica duradera”, concluyó Bohoslavsky.