Nación (19.10.2017) El alto costo que representa para los empleadores el pago de las cargas sociales de sus trabajadores es uno de los factores que explican la alta informalidad en el empleo de Costa Rica, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por ese motivo, el ente internacional propone que se reduzcan los impuestos sobre el trabajo y que los costos de los programas que financian se trasladen a otro tipo de gravámenes, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta.
Méndez/Archivo (Diana Méndez)
El alto costo que representa para los empleadores el pago de las cargas sociales de sus trabajadores es uno de los factores que explican la alta informalidad en el empleo de Costa Rica, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ese motivo, el ente internacional propone que se reduzcan los impuestos sobre el trabajo y que los costos de los programas que financian se trasladen a otro tipo de gravámenes, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta.
Esa es una de las recomendaciones que hizo la OCDE a Costa Rica tras revisar el estado del mercado laboral y las políticas sociales, como parte del proceso de inspección al que se somete el país para integrarse a ese grupo de naciones.
El informe lo presentó este miércoles Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. El representante explicó que las cargas sociales deben reducirse de los rubros que no aportan beneficios directos para el trabajador.
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"Un 19% de esa cobertura (las cargas sociales) son para pensiones por vejez, salud, maternidad, beneficios para los supervivientes y por discapacidad, lo cual está muy bien, porque efectivamente son seguros, pero también hay un 25% de esos recursos que financian la operación de instituciones públicas, bancos públicos y programas contra la pobreza", señaló Scarpetta.
"A ver, los programas contra la pobreza han sido extremadamente exitosos en Costa Rica, la pregunta es cómo se financian. El mensaje general que tenemos en el reporte es que debería haber un esfuerzo para financiar estos programas, que no son seguros, con los impuestos generales, tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la renta", añadió el funcionario.
El informe de la OCDE señala que la tasa impositiva de la nómina de seguro social total es de 36,5%, cifra que está casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la OCDE, el cual es de 27,2%.
De acuerdo con la Organización, el 26,33% de las cargas sociales que pagan los empleadores para financiar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Banco Popular sube el costo del empleo formal, por lo que termina siendo más atractivo contratar informalmente.
La OCDE considera que las otras fuentes de impuestos, como el IVA y el impuesto sobre la renta, son subutilizadas pues tienen bases fiscales reducidas y tasas impositivas bajas, por lo que podrían asumir el peso del financiamiento de los programas sociales no contributivos.
En opinión de Scarpetta, recargar esos tributos no afectaría a los hogares de menos ingresos, pues el impuesto sobre la renta exonera a las personas que perciben salarios menores a ¢799.000. En el caso del IVA, sería necesario encontrar mecanismos para que el gravamen de los bienes y servicios no golpee sus ingresos.